( Nacido en Santa Lucía, entonces parroquia de Daule )
Luis Castro Villamar, líder de la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FETAL), fundada con el apoyo del PC en 1954.
la Ley de Reforma Agraria expedida en 1964 por el Gobierno Militar fue el resultado de la presión de los movimientos populares urbanos y rurales del Ecuador y de los partidos de izquierda, pero estaba sobredeterminada por la coyuntura política internacional latinoamericana. El Ecuador había adquirido el compromiso de impulsar la Alianza para el Progreso, una estrategia de desarrollo que buscaba modernizar las sociedades latinoamericanas y detener el avance de la Revolución cubana y de los movimientos guerrilleros en formación en algunos países del continente. Además, varios movimientos nacional-populares en Latinoamérica –como el peronismo, el aprismo y otros– tenían en la Comisión para el Desarrollo de América Latina (CEPAL) un referente teórico político que veía en la hacienda tradicional latinoamericana un obstáculo para la superación del subdesarrollo, la industrialización y la ampliación del mercado interno.
La primera Ley de Reforma Agraria siempre estuvo orientada a la redistribución de la propiedad de la tierra en la Sierra ecuatoriana. Ya antes de la expedición de la mencionada Ley, en las declaraciones de los partidos políticos que desde la década de 1920 defendían la necesidad de una reforma agraria, no podía dejar de percibirse la preocupación por la situación de pobreza y dominación de los grupos indígenas de la Sierra. De alguna manera, el latifundio serrano es el símbolo nacional de la dominación en el campo. Seguramente, esta representación del campo serrano es parte del imaginario elaborado por la Revolución liberal, pero en todo caso, es esta representación la que subyace en el discurso de algunos partidos y gobiernos progresistas desde la década de 1920. Si bien la necesidad de la reforma agraria en la Costa también está planteada desde esa época, los partidos de izquierda y movimientos y gobiernos progresistas –como el Gobierno Juliano o el Gobierno de Velasco Ibarra durante la Revolución del 28 de Mayo– centraban la lucha política en la Costa contra la burguesía comercial y bancaria urbanas. Por supuesto, se sabía que en la Costa también había una alta concentración de la tierra, pero el énfasis no estaba puesto en este momento sobre la reforma agraria en las grandes plantaciones cacaoteras semiabandonadas. La Ley de Reforma Agraria permitía la expropiación de tierras sujetas a la redención de sembríos, por lo que fue utilizada por las organizaciones de campesinos de la costa como la FETAL y los abogados de estas para demandar la entrega de las tierras a los finqueros que habían trabajado bajo esta figura. Esta es la razón por la cual, desde mediados de la década de 1960, se organizaron grupos de campesinos finqueros que demandaban tierras en las haciendas cacaoteras de la provincia de Los Ríos.
Un ejemplo de lo que ocurrió en Los Ríos entre 1964 y 1971 es la siguiente declaración de uno de los dirigentes de la Cooperativa 4 de Octubre:
[La organización 4 de Octubre] se inició a fines de 1970 y por malos entendidos con la francesa Raquel Stad, dueña del predio –hacienda La Loma–, se da inicio al litigio; primeramente iniciamos el sindicato Leonardo Murialdo en marzo de 1971 hasta agosto de 1972, para luego conformarnos en cooperativa el 4 de Octubre de 1972.
[La lucha] comenzó por el maltrato al campesino y no pago de las horas de trabajo completo, ya que al trabajador que faltaba el día lunes se lo llevaba preso y se le quitaba la herramienta de trabajo. Buscando a las autoridades y con el apoyo del compañero Fernando Rivera Caregua y la CEDOC hubo desalojos porque estas tierras iban a ser donadas a la extensión universitaria.5
Esta declaración contiene información que es importante analizar. En primer lugar, el conflicto se produjo en una hacienda cuya propietaria es ausentista; es una típica hacienda cacaotera semiabandonada. En segundo lugar, hay que hacer notar que el conflicto empezó como un conflicto entre los jornaleros y la propietaria; un conflicto por horas de trabajo. Se discutía el cumplimiento de la jornada laboral. Por esto, primero se forma el sindicato Leonardo Murialdo. La hacienda está ubicada en el cantón Baba; los campesinos o jornaleros que forman el sindicato son negros. Posteriormente, el conflicto derivó en una demanda de entrega de la tierra a los campesinos; como respuesta al intento de desalojo se
formó una cooperativa de producción agropecuaria.
Hay, todavía, dos elementos más que destacar: los campesinos apelan a la autoridad para defenderse del intento de desalojo (“Buscando autoridades...”, dice el entrevistado) Este es un elemento que ya estaba presente en las luchas que hemos descrito brevemente, desde 1928, cuando los sembradores de arroz defendían el canon de arrendamiento fijado por Isidro Ayora. Hernán también ha destacado este recurso de los campesinos de acudir al derecho para defenderse: “Los sindicatos campesinos legitimaban su acción sustentados en la ley y su cumplimiento” (2015, 349).
Por otro lado, también en este caso está claro el respaldo de la organización campesina al grupo que demandaba la tierra. Fernando Rivera Caregua fue el dirigente de la CEDOC en Vinces, Los Ríos, hasta mediados de la década de 1970. La CEDOC era una organización clasista vinculada a la Iglesia católica.
La Ley de Reforma Agraria de 1964 es un arma de doble filo que tuvo efectos múltiples: por un lado, aceleró la formación de grupos de campesinos que demandaron tierra apoyándose en las disposiciones de la ley contra la redención de sembríos; pero, por otro lado, desató una ola de desalojos de finqueros y sembradores de arroz, como una medida de todos los grandes propietarios para protegerse de la posibilidad de la expropiación.
La reforma agraria en las tierras arroceras. La ola de desalojos amplió el escenario de la lucha por la tierra. De 1964 en adelante y, especialmente, desde 1971 con la expedición del Decreto 1001 de Abolición del Trabajo Precario en la Agricultura, se extendió la lucha por la tierra a la tercera zona que mencionamos al empezar este trabajo: la zona Daule-Urbina Jado, en el centro-norte de la provincia del Guayas.
Así, la lucha por la tierra involucró a las tres zonas simultáneamente. Ya hemos visto que las dos primeras zonas eran fuertes productoras de arroz; en todas las grandes plantaciones y haciendas se cultivaba arroz junto al banano, cacao y café, de manera que el decreto 1001 desató la lucha por la tierra en las grandes plantaciones de Milagro-Yaguachi y Babahoyo-Baba-Vinces. A partir de 1971, las organizaciones y grupos de campesinos podían apelar a la Ley de Reforma Agraria de 1964 y al Decreto 1001 para pedir la expropiación de la tierra.
Con respecto a la zona Daule-Urbina Jado, no tenemos la historia de las haciendas de la zona. Marilyn Silverman, en el ensayo citado, dice que se trataba de una zona de pequeños, medianos y grandes productores. De la información que presentaremos sobre la reforma agraria en esa zona, se desprende que los
grandes propietarios –y quizás los medianos– cuyas propiedades fueron intervenidas por el Estado, no pertenecían a la élite agroexportadora dedicada a la
producción de cacao, caña de azúcar, banano y café. Todo parece indicar que se
trataba de un segmento diferente de la clase terrateniente tradicional costeña, ligado a la producción de arroz y otros cultivos, y actividades pecuarias orientadas al mercado interno.
El cuadro 6 solo registra algunas de las haciendas de los cantones Daule y
Urbina Jado que fueron sometidas a la reforma agraria. Nos interesa hacer notar
la diferencia que presenta la zona con respecto a las otras dos, Milagro Yaguachi
y Babahoyo-Baba-Vinces.
Si se busca en este listado los nombres de los grandes plantadores de cacao,
caña de azúcar o banano ubicados en las otras zonas, no se encuentra ninguno.
Los propietarios de las haciendas de Daule y Urbina Jado tampoco figuran como
propietarios de importantes empresas comerciales, de servicios o financieras en
Guayaquil, a lo largo del siglo XX. Sobre esta base, se puede inferir la hipótesis
de que los grandes propietarios de la zona Daule-Urbina Jado eran otro grupo u
otro segmento de la clase terrateniente.
Hasta que la investigación la verifique o la rechace, se puede formular la
hipótesis de que se trataba de haciendas tradicionales, dedicadas a la producción
de arroz bajo la forma de renta en especie, con escasa innovación tecnológica
por parte del propietario.
El carácter tradicionalista de la hacienda de la zona puede ser importante.
Hay que tener en cuenta que desde 1928 se intentó introducir en la producción
de arroz la renta en dinero, sin resultados (Espinosa 2014). La renta en especie
implicaba una mayor sujeción del campesino a la hacienda y una menor capacidad relativa del productor para negociar en el mercado e invertir. Por otro lado,
en la zona de Milagro sí hubo intentos de introducción de tecnología moderna
en la producción de arroz por parte de algunos propietarios; por ejemplo, en la
hacienda Venecia. En cambio, no hay información de una tentativa parecida en
Daule-Urbina Jado. En consecuencia, es posible que el movimiento campesino
de la zona se haya enfrentado a otra categoría de terratenientes.
La caracterización de la hacienda en la zona de Daule es importante para
comprender el curso del movimiento campesino y de la reforma agraria en la
zona. Aunque falta información para extraer inferencias seguras, es importante
tener en cuenta lo siguiente: la reforma agraria en las otras dos zonas se facilitó por la crisis de la hacienda cacaotera semiabandonada y el ausentismo de sus
propietarios. En la zona Daule-Urbina Jado también había ausentismo, pero no
por las mismas razones; la producción de arroz no se encontraba en una situación de crisis irreversible, como ocurría con las haciendas cacaoteras. La estructura de dirección de la hacienda y la identificación de los sembradores con los
propietarios y los administradores pueden haber sido diferentes en Daule-Urbina Jado. En esta zona no había crecido dentro de la hacienda un grupo de campesinos en vías de capitalización, como los finqueros. Los sembradores de arroz,
en general, eran menos estables que los finqueros de las otras dos zonas. En muchas haciendas arroceras los propietarios de la tierra tenían un mayor control sobre el productor, sea porque cobraban una renta en especie, sea porque muchos
propietarios eran dueños de las piladoras donde los sembradores tenían que entregar la producción.
Los registros de campesinos luchando por la tierra en Daule se remontan a
años anteriores a la expedición de la primera Ley de Reforma Agraria.
En esa hacienda [Clarisa] se hacían reuniones entre los precaristas y el sacerdote Carlos Cuadrado Gavilánez, párroco de Daule, desde antes de que existiera la ley de reforma
agraria [...] Los precaristas pagaban a los propietarios, herederos de David Briones Salazar, de ocho a diez quintales de arroz por cuadra en cada cosecha. Pero se enteraron de que
en el Reglamento de Sembraduría de Arroz, en vigencia desde 1946, estaba determinado, por los rastrojos que trabajaban, el pago de un arriendo de solamente 2 quintales. Pidieron
el cumplimiento de las disposiciones legales (Santos Ditto 1991, 42).
Según Santos Ditto, el sacerdote Cuadrado fue expulsado de Daule por estas acciones.
Ya para 1964 habían empezado los desalojos en Daule por la vigencia de la
Ley de Reforma Agraria. Los grupos de campesinos desalojados acudían al IERAC, apoyados por las federaciones de campesinos, porque los propietarios de
las haciendas se negaban a renovar los contratos de arrendamiento. En la gran
mayoría de casos, en la zona Daule-Urbina Jado, eran sembradores de arroz desalojados (20). Lo que se conseguía era un acta transaccional, es decir, una negociación para que el propietario de la tierra renovara el contrato de arrendamiento de la tierra.
Esto es lo que ocurría entre 1964 y 1971 aproximadamente. Esto no significa que durante estos años los grupos de sembradores en la zona Daule-Urbina
Jado no demandaran ya la expropiación de algunas haciendas, pero solo con la
expedición del Decreto 1001 se pudo plantear abiertamente la expropiación de
las tierras arroceras cultivadas bajo la figura de la renta en especie. Durante estos primeros años, el desalojo parece sistemático; por ejemplo, en 1967 las organizaciones de campesinos –de las cuales hablaremos más adelante – piden al
IERAC una investigación por el desalojo de los campesinos de la hacienda Armenia, de la parroquia General Vernaza, cantón Urbina Jado. Los propietarios
de la hacienda vivían en el extranjero. Las casas de los campesinos habían sido
incendiadas (26).
Se puede decir que el proceso de reforma agraria en Daule Urbina Jado tenía –en cierta forma– dos fases: durante la primera, los grupos de campesinos
se defendían contra el desalojo; durante la segunda fase, después de la expedición del Decreto 1001, los sembradores y las organizaciones de campesinos
pasaban a demandar la expropiación de las tierras. Para esto utilizan las disposiciones de la ley sobre expropiación, pero también empezaban a demandar
la reversión de las tierras, lo cual no implicaba pago de la tierra al propietario.
Esta segunda fase ya involucraba la presencia y la acción de las organizaciones
de campesinos que contaban con equipos de líderes y abogados para defender
a los productores.
Del análisis de los relatos acerca de los conflictos en las haciendas, se puede inferir elementos del repertorio de acción de los campesinos y de sus organizaciones. El siguiente relato corresponde a la lucha en Churute, en la zona de
Milagro Yaguachi, en haciendas en las cuales había cultivos de arroz:
De las extensas haciendas Churute y Soledad se pidió la reversión al IERAC en Guayaquil y Milagro respectivamente”. [...] Transcurrieron pocos días del petitorio ante el IERAC. Como respuesta a esa actitud, sorpresivamente piquetes de policía cercaron los
predios y violentamente desalojaron a los campesinos que se encontraban dentro de las
haciendas y a la vera del camino. Se protestó por esta injusticia, debido a que los funcionarios del IERAC habían emitido sus informes de inspección diciendo la verdad respecto
al abandono en que se encontraba la tierra. No vino el apoyo de los directivos nacionales
del IERAC. Se recorrieron las calles de la población de Balao y se terminó en una concentración popular en un amplio local, en donde fue el más fogoso orador el sacerdote
Jacinto Egas, párroco de Balao en ese entonces, y activo organizador de obreros y campesino (Santos Ditto 1991, 29).
En el texto de este relato hay algunos elementos que es importante destacar. Primero, los grupos de sembradores de estas haciendas no actuaban solos;
estaban respaldados por los abogados y dirigentes de las asociaciones de campesinos. Esto les permitía usar la ley y demandar la reversión de las tierras. Segundo, la respuesta de los productores era el desalojo, incluso violento. Tercero,
una parte de las autoridades tomaba partido a favor de los campesinos. Cuarto,
las organizaciones se movilizaron con otros grupos de campesinos de la zona y
organizaron en Balao una concentración de respaldo. Quinto, el sacerdote Egas,
de Balao, respaldó la movilización campesina.
Aquí, ya tenemos un esbozo de lo que era el repertorio de acciones de los
grupos de campesinos actuando dentro de las haciendas sujetas a expropiación
y en los pueblos rurales. Estas son solo algunas de las acciones. Los procesos de
lucha por la tierra en cada hacienda duraban años y el mencionado relato solo da
cuenta de algunas acciones.
Pero aquí ya tenemos a un grupo de sembradores respaldado, no solo por la
organización campesina, sino también por autoridades locales como el sacerdote
de Balao y algunas autoridades del Estado (IERAC). Es importante advertir la división que se producía en el Estado: una parte de las autoridades tomaba partido a
favor de los sembradores y otra parte no los apoyaba. En el caso de los sembradores de Churute y Soledad, el respaldo era fuerte, pues actuaban no solo las autoridades mencionadas, sino también las organizaciones campesinas ACAL y FTAL.
Las haciendas están ubicadas en la zona Milagro-Yaguachi-Bala-Naranjal.
Otro ejemplo de este proceso de lucha ubicado a nivel de hacienda fue el
de la hacienda Ildelira, en Daule. Los propietarios de la hacienda, herederos de
Almeida Márquez, a fines de 1969 negociaron la venta de la propiedad a Grace
Cereceda, una hacendada con vínculos sociales y políticos. Los sembradores de
arroz eran subarrendatarios de Jorge Luis Macías, quien mantenía un acuerdo
con los propietarios de la hacienda. La nueva propietaria desalojó a los campesi-
nos. Esta medida era ilegal; la ley no permitía este tipo de desalojo porque ya había de por medio la posesión de los campesinos. El IERAC tenía que autorizar el
desalojo. Pese a ello, estos fueron desalojados. El IERAC se opuso al desalojo.
De todas maneras, el 28 de junio de 1969 los sembradores fueron desalojados.
Este caso sigue una pauta similar: los campesinos presentan una demanda
respaldados por la organización campesina; para esto apelan al marco legal vigente, utilizan la ley en la medida de lo posible. Una de las organizaciones del
Estado (el IERAC) falla a favor de los campesinos, pero otra instancia de poder político está en contra. En el caso de Ildelira, los campesinos no pudieron
obtener la tierra.
Las organizaciones campesinas
Seguramente, desde fines de la década de 1950 en la zona Daule-Urbina
Jado actuaban al menos dos organizaciones campesinas.
El 23 de septiembre de 1964, cinco grupos de arroceros: 26 de Noviembre,
La Fortuna, El Relicario, Comuna Petrillo y Río Daule se integraron para formar lo que posteriormente denominaron Unión de Cooperativas de Daule. De
acuerdo con Santos Ditto, lo hicieron inicialmente para defenderse del desalojo. Esta organización se convertiría más adelante en Consorcio de Cooperativas
y Comunas de Daule, Balzar, Urbina Jado, Samborondón, Milagro, Yaguachi y
Naranjal, liderada por Adolfo Tutiven. Las raíces de la Unión se encuentran en
la CEDOC y en el partido Democracia Cristiana. En Guayaquil, la CEDOC apoyaba una organización que se llamaba Federación Sindical Cristiana de Trabajadores Agrícolas del Guayas (FESITRAG). La Unión de Cooperativas mencionada, es el antecedente de la Asociación de Cooperativas Agrícolas del Litoral
(ACAL), que se formará pocos años después. En el cuadro 7 constan las organizaciones de la Unión de Cooperativas.
Como se puede ver, la mayoría de los grupos de campesinos estaban organizados en cooperativas. Esto se explica por las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria. Aunque aquí no podemos entrar en el tema, en realidad los grupos de campesinos organizados utilizaban la figura de la cooperativa de producción agropecuaria como un recurso legal; detrás de la cooperativa se encontraba
la estructura de parentesco y reciprocidad de la familia campesina ampliada,
asentada dentro de la hacienda.
6 Esta estructura de parentesco parece haber sido muy importante para la organización
de la acción colectiva del grupo dentro de la hacienda y para la constitución del liderazgo del grupo.
La organización de segundo
grado entró en contacto con este grupo, como es el caso del Consorcio de
Cooperativas y Comunas (posteriormente, ACAL) y de la FTAL. Como
ya vimos la FTAL fue fundada en
1954, y actuaba desde entonces en la
zona Milagro-Yaguachi, pero para fines de los años 50 ya actuaba también en la zona Daule-Urbina Jado.
Los líderes de las organizaciones como ACAL y FTAL formaban
parte de esos grupos y conocían su
funcionamiento. El dirigente de la
ACAL Adolfo Tutiven era parte de
una comuna asentada en Daule, Comuna Petrillo. En la zona de Milagro, otro líder de ACAL, Alberto Pilalot Vera, pertenecía a la Cooperativa 5 de Junio. También hemos visto
que en Balao y Daule hubo sacerdotes que apoyaron a los campesinos en
sus demandas y ayudaron a organizarlos. Castro Villamar, dirigente de
FTAL, originalmente fue un campesino, como los otros dirigentes mencionados.
Las organizaciones desarrollaban al menos dos tipos de acciones: por un lado, acciones de apoyo y defensa de
las demandas de cada grupo de campesinos en cada hacienda y ante el IERAC;
por otro lado, acciones de demanda y presión sobre organizaciones del Estado y
sobre el gobierno, para obtener las demandas que reclamaban. Estas últimas son
acciones públicas de carácter político.
En 1969, el Consorcio de Cooperativas y Comunas de Daule y Urbina Jado
realizó una toma de las oficinas del IERAC en Guayaquil: interrumpió el funcionamiento de la oficina y desalojó a las autoridades de la misma en reclamo
de atención a las demandas de expropiación de tierras de varias haciendas. Los
campesinos se movilizaron a Guayaquil y tomaron las instalaciones. Estamos
ante una acción colectiva disruptiva, típica de lo que actualmente se conoce en
sociología como movimiento social. La organización transgredió el orden legal
e invadió un espacio público.
La toma del IERAC dio lugar a la formación del Frente Obrero Campesino Estudiantil formado por el Consorcio de Cooperativas y Comunas de Daule y Urbina Jado, la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral, FTAL, la
FESITRAC y la FEUE. El Frente organizó una movilización en Guayaquil y redactó un manifiesto público dirigido al Presidente de la República, que contenía
las siguientes demandas:
1. Ordenar a las autoridades correspondientes el retiro inmediato de la fuerza pública de
la hacienda “Soledad”.
2. Ordenar a los Tenientes Políticos y Comisarios de las zonas rurales que se abstengan de
acoger falsas y temerarias denuncias urdidas por los terratenientes en contra de los dirigentes campesinos, tal como ha ocurrido en las haciendas Soledad, Victoria y Clarisa.
3. Exclusión del seno del Consejo Ejecutivo del IERAC de Víctor Huayamabe y nombramiento de Adolfo Tutiven León, verdadero representante de los campesinos del Litoral.
4. Ordenar a los funcionarios y autoridades dependientes del Ejecutivo, que se abstengan de seguir interviniendo en asuntos que según la ley competen exclusivamente al
IERAC [...].
5. Ordenar el decomiso de metralletas, fusiles y de toda clase de armas, que forman verdaderos arsenales dentro de las casas de las haciendas de los terratenientes y destinadas a lo que se ha dado en llamar “Guerra contra los campesinos”. Tal es el caso de las
haciendas Victoria, Vellavista y Clarisa, de los cantones Daule y Samborondón (Santos Ditto 1991, 32).
El manifiesto denunciaba la trama de poder local que obstaculizaba la reforma agraria en las zonas rurales: los tenientes políticos y comisarios rurales
utilizados por los hacendados para desalojar a los campesinos de las haciendas
donde estaban planteados conflictos por la tierra; además de la violencia ejercida, directamente, por los propietarios de la tierra que se encontraban armados en
sus haciendas. El manifiesto también denuncia por interferencia a autoridades
públicas y busca colocar a sus propios representantes en posiciones de poder,
como en el Consejo Consultivo del IERAC.
Aunque el Frente Obrero-Campesino-Estudiantil no prosperó, en los años
posteriores la FTAL y la ACAL seguirían actuando conjuntamente en acciones
de carácter político público ante autoridades, directamente vinculadas con la reforma agraria y con el gobierno de turno en general, para demandar una radicalización de la reforma agraria.
En 1972 se forma el Frente Unido por la Reforma Agraria, integrado por
ACAL y FTAL. Eran los inicios del Gobierno Nacionalista de las Fuerzas Armadas, que abría la posibilidad de profundizar el proceso de reforma agraria y
anunciaba una nueva ley. El movimiento campesino y los partidos de izquierda
se movilizaron para conseguir la nueva ley.
Se produjeron las siguientes movilizaciones y concentraciones: el 28 de
marzo de 1971 en Daule, parroquia Santa Lucía, en respaldo al decreto 1001; el
18 de agosto de 1972 en Guayaquil; el 6 de junio de 1973 en Guayaquil, en respaldo a la nueva Ley de Reforma Agraria con la participación de miles de campesinos y con la presencia del Jefe de Gobierno; a fines de octubre de 1973 en
Samborondón; el 9 de diciembre de 1973 en Urbina Jado. Estas concentraciones fueron convocadas por la ACAL. La concentración del 6 de junio de 1973
fue convocada por ACAL, FTAL, ACAE y las centrales sindicales de trabajadores CTE y CEDOC. Todas estaban orientadas a respaldar el proceso de reforma
agraria, demandar la solución de conflictos específicos por la tierra, plantear la
necesidad de profundizar la reforma agraria y expedir una nueva ley. Esta se expidió el 9 de octubre de 1973.
Sin embargo, dirigentes campesinos, abogados de campesinos y analistas
están más o menos de acuerdo en que quizás lo más importante de la reforma
agraria en la Costa sucedió entre 1960 y 1975, gracias a la vigencia del decreto
1001 de Abolición del Trabajo Precario en la Agricultura que, como decían los
dirigentes y abogados de campesinos, era un instrumento más ágil para luchar
por la tierra: solo se necesitaba la denuncia del grupo de sembradores para que
la hacienda fuera intervenida.
[EN SALITRE INTERVINIERON 60 HACIENDAS; 9.132,32 HECTAREAS ADJUDICADAS; 1695 BENEFICIARIOS].
El movimiento campesino logró expropiar tierras de los grandes propietarios de la zona, pero estos se quedaron con lo sustancial de sus propiedades. El
movimiento campesino acabó con las relaciones de producción fundadas en la
renta de la tierra en especie, pero no pudo producir una significativa redistribución de la propiedad a favor de los campesinos. La propiedad de la tierra sigue
concentrada en la zona.
Nosotros no diríamos lo mismo a propósito de la zona Daule-Urbina Jado.
Veamos el cuadro 11.
El primer hecho que vale la pena notar es que la extensión de tierra expropiada en la zona Daule-Yaguachi es más alta que las extensiones expropiadas
en la zona Milagro-Yaguachi y Los Ríos, al menos si nos limitamos a comparar
las expropiaciones en las tierras arroceras. Si sumamos Los Ríos y la zona Milagro-Yaguachi, las expropiaciones alcanzan una cifra inferior a toda la tierra
expropiada en la zona Daule-Urbina Jado. En esta zona se expropiaron 36.016
hectáreas; la suma de las otras dos zonas es 34.198 hectáreas. Se puede pensar,
en base a la información que tenemos, que en la zona Daule-Yaguachi, proporcionalmente a la dimensión de las zonas, se expropió mucho más. Nosotros hemos incluido en la zona Daule-Yaguachi el cantón Guayaquil porque se trata de
parroquias rurales arroceras contiguas al cantón Daule, pero entre Daule, Urbina Jado y Samborondón suman el 99% de las expropiaciones. También desde el
punto de vista del número de haciendas intervenidas, Daule tiene 210 haciendas
intervenidas mientras que en las otras dos zonas se intervinieron 160 propiedades. Los campesinos de Daule-Urbina Jado obtuvieron una unidad productiva
promedio de 6,6 hectáreas.
Aunque el último censo agropecuario del que disponemos oculta la verdadera estructura de la propiedad de la tierra por cantones, todo parece indicar que
como producto de la reforma agraria la zona Daule Urbina Jado es una zona de
pequeños y medianos productores, mientras que en la zona de Los Ríos que hemos analizado y en la zona Milagro-Yaguachi la concentración de la propiedad
de la tierra en mucho más alta.
Conclusiones
Hay algunas conclusiones que conviene extraer de lo dicho:
1. Todo parece indicar que la estructura social de dirección de la hacienda y la
plantación en las zonas de Los Ríos y Milagro-Yaguachi era diferente de la
zona Daule Urbina Jado. Las dos primeras estaban más vinculadas al grupo
agroexportador dedicado a la producción de banano, cacao y café. La estructura social de la hacienda de la zona de Daule y Urbina Jado dependía
de la renta en especie. El segmento de terratenientes de esta zona no perece haber pertenecido al grupo agroexportador dominante en la Costa centro
sur entre 1935 y 1975.
2. La reforma agraria en las tres zonas es el resultado de la agudización de
las diferencias entre campesinos y grandes propietarios. El conflicto de los
campesinos no se produjo solamente con terratenientes rentistas, sino también con inversionistas capitalistas o con terratenientes en vías de modernización que quisieron desalojarlos de las tierras.
3. El movimiento campesino es el resultado de la convergencia de los grupos
campesinos asentados en las haciendas con partidos políticos como el PC,
sindicatos de trabajadores de haciendas y de los ingenios azucareros y federaciones de finqueros y sembradores de arroz.
4. El PC jugó un papel muy destacado como organizador de la lucha de los
campesinos por la reforma agraria, pero no dirigió políticamente al campesinado de las zonas analizadas entre 1960 y 1975.
5. La reforma agraria no produjo una importante desconcentración de la propiedad de la tierra en Los Ríos ni en la zona Milagro-Yaguachi. Daule-Urbina Jado es actualmente una zona de pequeños y medianos productores
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7253/1/Rhon%20F-Pastor%20C-50%20a%C3%B1os%20de%20reforma%20agraria.pdf
ACLARACION del Dr. ALFREDO LLONTOP 
